¡Calamidad por la posesión! Abelardo de la Espriella pretende gastar millones al mover la ceremonia de Bogotá a Cali.

Existe un refrán popular al que nuestros abuelos recurrían con frecuencia para advertir sobre el desenlace de las cosas: desde el desayuno se sabe perfectamente cómo van a ser el almuerzo y la cena.

La sabiduría popular rara vez se equivoca, y la coyuntura política que atraviesa Colombia este 25 de septiembre de 2026 ofrece un retrato nítido de lo que representa el nuevo panorama institucional bajo el mandato de Abelardo de la Espriella, junto con la marcada complacencia con la que operan diversos sectores de la prensa tradicional.

En las últimas horas, la difusión de un video en el que se observa al mandatario rodeado de múltiples botellas de licor y festejando en un ambiente completamente desenfadado junto a su esposa e integrantes de su equipo ha encendido una intensa polémica en la esfera pública y las redes sociales.

Lo que en cualquier otra administración habría provocado un despliegue de editoriales inquisidores, llamados urgentes a la cordura institucional y severas críticas sobre la idoneidad moral para ejercer la primera magistratura, ha sido presentado por ciertos medios corporativos —con la revista *Semana* a la cabeza— como un mero acto de “espontaneidad” y “cercanía”.

Esta visible disparidad en el juzgamiento periodístico saca a la luz la doble moral con la que se cubre el ejercicio del poder.

Durante el gobierno anterior del expresidente Gustavo Petro, cualquier evento social o gesto fuera de la rigidez del protocolo era transformado de inmediato en un escándalo de proporciones nacionales, cargado de adjetivos descalificativos sobre supuestos excesos, consumos o deslices.

En contraste, frente a las imágenes de un presidente festejando entre botellas de trago, la cobertura oficial se torna blanda, complaciente y complacida, limitándose a matizar la escena como un momento de júbilo personal.

La pregunta que surge de manera inevitable entre la ciudadanía es directa: ¿dónde quedó el rigor periodístico, la fiscalización incisiva y la vehemencia analítica cuando los protagonistas cambian de bando político?

La controversia en torno al festejo privado no es un hecho aislado, sino que coincide con el tenso clima de seguridad que afecta a diversas regiones del país.

En fechas recientes, el suroccidente colombiano volvió a ser escenario de actos violentos cuando un ataque atribuido al ELN sacudió a Popayán, la capital del departamento del Cauca.

Aunque afortunadamente la acción armada no dejó víctimas mortales ni heridos de gravedad, el hecho generó una comprensible conmoción entre la población civil.

Ante este complejo escenario de orden público, la respuesta emitida por Abelardo de la Espriella consistió en un pronunciamiento de fuerte tono punitivo en sus canales digitales, asegurando que los grupos armados ilegales estaban cometiendo sus “últimos actos en la impunidad” y prometiendo someter con mano dura a la criminalidad.

Sin embargo, este tipo de retórica resuena en la memoria histórica del país como un eco de estrategias pasadas.

Para diversos analistas políticos y sectores de la ciudadanía, la utilización del miedo como herramienta de cohesión política busca vender una idea de seguridad absoluta que, en la práctica, recuerda a la época de la “seguridad democrática” de la década de 2000, cuyos costes institucionales, ejecuciones extrajudiciales y vulneraciones a los derechos humanos dejaron marcas indelebles en la nación.

Por otra parte, la dinámica institucional y logística en torno a los movimientos del gobierno central continúa generando una gran incertidumbre.

Tras los debates del pasado mes de julio, donde el Congreso de la República autorizó el traslado de la ceremonia de investidura fuera de la tradicional Plaza de Bolívar en Bogotá hacia la ciudad de Cali, el mandatario insistió en su plan de descentralizar la sede del Ejecutivo, señalando que gobernaría periódicamente desde la capital del Valle del Cauca para dar respuesta a las demandas del suroccidente del país.

Esta iniciativa ha encontrado un eco sumamente servil en figuras de la política regional del Valle del Cauca.

La gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, han mostrado una disponibilidad absoluta para acoger las sedes alternas del gobierno nacional, llegando incluso a poner a disposición infraestructuras emblemáticas como la antigua sede de la FES para que funcione como despacho presidencial.

Lo paradójico de esta alianza es que ocurre a pesar de los duros ataques y descalificaciones que el propio De la Espriella dirigió hacia la clase política tradicional vallecaucana durante la contienda electoral, cuando tildó a las estructuras locales de ineficientes y caducas.

Hoy, la pragmática política parece haber borrado cualquier afrenta del pasado, dando paso a una relación de reciprocidad mutua donde los antiguos detractores abren las puertas de la región para consolidar el nuevo esquema de poder.

Más allá del simbolismo que representa descentralizar la presencia institucional hacia Cali —una ciudad que históricamente ha sido epicentro de profundas movilizaciones y estallidos sociales—, la medida plantea serios interrogantes en materia presupuestal y operativa.

Mantener un esquema gubernamental itinerante o establecer sedes alternas no es una tarea menor ni gratuita.

Implica un despliegue masivo de recursos públicos dedicados a la remodelación y adecuación de edificaciones, el traslado constante de equipos de trabajo, la contratación de logística especializada, la instalación de sistemas de comunicación de alta seguridad y el desplazamiento permanente de nutridos esquemas de protección policial y militar.

En un contexto socioeconómico marcado por tensiones fiscales y exigencias de austeridad en el gasto público, la creación de despachos paralelos al Palacio de Nariño resulta, para muchos críticos, un derroche innecesario destinado a alimentar visiones personales de la gestión estatal.

Mientras sectores de la oposición y diversos movimientos sociales cuestionan la improvisación y los costos desmedidos de estas decisiones, los congresistas y aliados que respaldaron las iniciativas logísticas continúan avalando los giros operacionales sin exigir un proceso riguroso de rendición de cuentas.

La combinación de festejos privados rodeados de botellas de alcohol sin el más mínimo cuestionamiento mediático, la utilización de una narrativa del miedo ante los desafíos de la seguridad nacional y los ostentosos gastos logísticos para mover las sedes de gobierno trazan un panorama complejo para la vida institucional de Colombia este 25 de septiembre de 2026.

La ciudadanía se enfrenta a una etapa donde la fiscalización independiente del poder resulta más necesaria que nunca.

Si el comportamiento de los medios corporativos durante estos primeros meses de mandato sirve como indicador del futuro, todo apunta a que el escrutinio ético y presupuestal tendrá que surgir, indispensablemente, de las plataformas independientes, el debate ciudadano y la vigilancia crítica de la sociedad civil.